En España, hablar de vivienda es hablar de angustia, precariedad y expulsión. Es hablar de jóvenes que no pueden emanciparse, de familias que destinan más del 47% de su sueldo al alquiler, de un mercado que ha decidido que tener un techo es una inversión, no un derecho. Pero, pese a este drama cotidiano, ¿qué titulares dominan los informativos y las tertulias políticas? La "okupación". Un fenómeno minoritario y marginal que los medios y algunos partidos presentan como una amenaza masiva. Mientras tanto, el verdadero problema se escapa entre rendijas: la conversión de nuestras ciudades en parques temáticos turísticos, la financiarización de la vivienda y la completa claudicación del Estado ante los fondos buitre.
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| Fachada Edificio Turístico |
La gran estafa de la vivienda en España: cuando el turismo y la especulación nos expulsan
La obsesión con la "okupación": mucho ruido, poca estadística
El 0,06%. Esa es la proporción de viviendas afectadas por okupaciones denunciadas respecto al parque total de viviendas en España. Incluso tomando la estimación más alta, que incluye inmuebles de grandes tenedores o en litigio, la cifra apenas llega al 0,3%. Es decir, menos de 1 de cada 300 viviendas estarían "okupadas". Aun así, es habitual ver cómo medios generalistas abren telediarios con imágenes de pisos invadidos, vecinos aterrados y familias desahuciadas por delincuentes. Esta narrativa vende miedo, pero oculta que el mayor problema no es la okupación ilegal, sino la especulación legalizada.
Viviendas turísticas: el monstruo silencioso
Frente a ese 0,3% de viviendas okupadas, España ya supera las 400.000 viviendas turísticas anunciadas en plataformas como Airbnb, Booking o Vrbo. En ciudades como Málaga o Barcelona, hasta el 47% de las viviendas en ciertas zonas están destinadas al turismo. En Madrid, Sevilla o Palma, los porcentajes también son alarmantes. Este fenómeno desvía stock residencial al turismo, reduce la oferta de alquiler permanente y eleva los precios para quienes buscan una vivienda para vivir, no para pasar un fin de semana.
Los datos lo confirman: el alquiler ha subido un 29% entre 2021 y 2024, frente a una subida salarial del 7,4%. Comprar una casa tampoco es mejor opción: la vivienda usada se ha encarecido un 25% en el mismo periodo, tres veces más que los salarios. En paralelo, 6 de cada 10 viviendas se compran al contado, no para residir, sino para invertir. Solo el 14% de las hipotecas se usan para comprar una primera vivienda. ¿De qué okupación hablamos cuando el verdadero secuestro de la vivienda lo perpetran inversores y fondos?
Una maquinaria diseñada para expulsarte
El mercado inmobiliario español no busca ofrecer techo, sino rentabilidad. En ciudades como San Sebastián (6.784 €/m²), Madrid (6.011 €/m²) o Barcelona (5.083 €/m²), vivir se ha convertido en un lujo. Baleares ha superado los 5.000 €/m², marcando no solo un récord económico, sino una frontera ideológica entre los que poseen suelo y los que lo pisan. La vivienda es ahora una herramienta de extracción de rentas, un producto financiero diseñado para que unos pocos ganen y muchos pierdan.
Fondos como Blackstone, Caixabank y Sareb acaparan decenas de miles de viviendas, muchas de ellas alquiladas a precios abusivos o vacías. El 57% del parque inmobiliario está en manos de fondos o multipropietarios, y en muchos casos, mantener las casas vacías o turísticas es más rentable que alquilarlas a largo plazo. Esta situación no es fruto del mercado, sino de una decisión política de no regular, no intervenir y no construir vivienda pública suficiente.
La vivienda pública y el miedo a tocar el suelo
Mientras tanto, la construcción de vivienda pública sigue en mínimos históricos. Se construye un 70% menos que hace 20 años. El déficit actual se sitúa entre 400.000 y 600.000 viviendas, y se estima que harán falta 3,7 millones hasta 2039. ¿La respuesta política? Tibieza, miedo y parálisis. Los ayuntamientos, que tienen el poder de modificar los PGOU para habilitar suelo, temen litigios y no actúan. Sin suelo urbanizable, no hay vivienda nueva, y sin vivienda nueva, los precios suben.
Y cuando se intenta legislar, como con la nueva Ley de Vivienda estatal, la norma se diluye, se vacía y se convierte en un papel mojado. Las zonas tensionadas donde podrían aplicarse límites al alquiler son mínimas, y los grandes propietarios simplemente cambian el tipo de contrato: de alquiler permanente a alquiler turístico, temporal o por habitaciones. En Barcelona, el 47% de las viviendas en alquiler lo son ya de temporada. Un agujero legal, fomentado por la inacción.
¿Qué pasa con los medios?
Los grandes medios de comunicación no son ajenos a esta distorsión narrativa. ¿Por qué se informa tanto sobre okupas y tan poco sobre fondos buitre? ¿Por qué se alimenta el miedo a perder la casa por una usurpación y no por un fondo extranjero que compra 20 pisos en tu barrio? ¿Por qué se visibiliza el caso aislado de un particular y se ignora el 85% de pisos turísticos en el centro de Málaga?
La respuesta está en los intereses. Muchas empresas de comunicación están participadas por bancos, aseguradoras o fondos de inversión, que a su vez tienen intereses en el mercado inmobiliario. Lo que se presenta como "libertad de mercado" es, en realidad, una colonización del espacio urbano y mediático por parte del capital.
¿Y ahora qué? Alternativas frente al desastre
El problema no es sencillo, pero sí tiene soluciones, si existe voluntad política:
- Limitar drásticamente la vivienda turística, como han hecho Berlín o Lisboa.
- Aumentar los impuestos a viviendas vacías y bonificar las alquiladas.
- Impedir la compra de viviendas por parte de empresas y no residentes, como en Canadá.
- Construir un parque público de vivienda permanente siguiendo el modelo vienés, donde el 60% de la población vive en vivienda protegida.
- Disuadir la vivienda como inversión mediante cambios fiscales y financieros.
- Regular el alquiler con topes en zonas tensionadas reales, no simbólicas.
La lucha por el derecho a vivir
La vivienda no es un lujo. Es un derecho constitucional (artículo 47) que ha sido saboteado por décadas de políticas liberales, intereses inmobiliarios y negligencia institucional. La okupación no es el problema: es la excusa perfecta para no hablar del verdadero saqueo. Cada vez que un telediario abre con una noticia de una casa usurpada, se está tapando una realidad mucho más grave: que en España sale más rentable especular con casas que trabajar 40 años.
No podemos permitir que nuestras ciudades se conviertan en resorts y que nuestras vidas estén supeditadas al capricho de una plataforma digital. No podemos seguir normalizando que la juventud viva en habitaciones precarias o que las familias se vean forzadas a abandonar sus barrios. La vivienda no puede seguir siendo un negocio. Debe volver a ser lo que nunca debió dejar de ser: un derecho básico para construir una vida digna.
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