A comienzos de 2002, el gobierno de Estados Unidos aseguraba que el régimen de Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva. Un año después, esa mentira fue suficiente para justificar la invasión ilegal de Irak, dejando más de 300.000 iraquíes muertos, miles de soldados estadounidenses caídos y un país devastado. Años después, quedó en evidencia que no existían tales armas y que la verdadera motivación estaba vinculada al control del petróleo iraquí y al rediseño del mapa geopolítico en Oriente Medio.
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| Territorio del Esequibo en disputa |
Estados Unidos, Venezuela y la repetición de un guion: ¿guerra contra las drogas o guerra por el petróleo?
Hoy, en 2025, el guion parece repetirse. La administración de Donald Trump despliega más de 4.000 efectivos, destructores de misiles guiados, un submarino nuclear y escuadrones de marines frente a las costas de Venezuela. El argumento: impedir que el narcotráfico venezolano inunde de drogas a Estados Unidos. El pretexto se sustenta en un relato oficial que mezcla narcoterrorismo, el cártel de los Soles y el Tren de Aragua, y que ha derivado incluso en la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, la propia DEA admite que el 90% de la cocaína que llega a EE.UU. proviene de Colombia y que la mayor parte ingresa por México, sin que aparezca Venezuela como protagonista central en ese negocio.
La primera acción de este despliegue militar ha sido el ataque a una embarcación en aguas internacionales, con un saldo de 11 muertos acusados de “narcoterroristas”. Trump presentó un video del ataque como prueba, aunque Venezuela denunció que el material había sido manipulado con inteligencia artificial. La pregunta obligada es: ¿realmente se necesitan buques de guerra, submarinos nucleares y miles de marines para interceptar cargamentos de drogas que podrían ser abordados por guardacostas? ¿O el narcotráfico es, una vez más, un pretexto para legitimar lo que en el fondo es un movimiento de carácter estratégico y corporativo?.
Trump presume: “Acabamos de disparar a un barco que transportaba droga desde Venezuela”.
El trasfondo histórico: el Esequibo y la pugna petrolera
Para comprender lo que ocurre hoy, hay que retroceder dos siglos. Desde 1814, Venezuela reclama el territorio del Esequibo, actualmente bajo administración de Guyana, tras haber sido adjudicado al Imperio Británico en un arbitraje de 1899 que Caracas siempre consideró fraudulento. Durante décadas, la disputa permaneció latente, pero en 2015 la situación cambió radicalmente: ExxonMobil descubrió enormes yacimientos de petróleo en esa zona. Desde entonces, el diferendo entre Venezuela y Guyana se ha intensificado, y con él, la presencia de Estados Unidos en la región.
El problema no es meramente territorial. Exxon, expulsada de Venezuela en 2007 por Hugo Chávez, encontró en Guyana un socio dócil y dispuesto a ceder condiciones favorables. Chevron, en cambio, se quedó en Venezuela y mantiene buenas relaciones con el chavismo. Así, mientras Exxon financia lobbies en Washington para blindar sus operaciones en Guyana, Chevron hace lo propio para mantener lazos con Caracas. La disputa por el Esequibo no es solo una cuestión de soberanía: es también una batalla entre corporaciones energéticas que buscan asegurarse el acceso a uno de los últimos grandes yacimientos de petróleo no explotados del planeta.
Guyana, Exxon y el Comando Sur: un triángulo estratégico
En este tablero, Guyana se ha convertido en una especie de “filial” de ExxonMobil. El gobierno de Irfaan Ali no oculta su dependencia de la multinacional, y Washington aprovecha esa relación para instalar bases del Comando Sur en suelo guyanés, bajo la justificación de la cooperación en seguridad. El despliegue de Exxon en el bloque Stabroek, con reservas estimadas en 11.000 millones de barriles, ha convertido a Guyana en el tercer país productor de petróleo de más rápido crecimiento fuera de la OPEP. Su economía creció casi un 50% en 2024 gracias a este boom petrolero, pero a costa de una soberanía subordinada.
Maduro, por su parte, ha endurecido su discurso y asegura que “más temprano que tarde” Venezuela recuperará el Esequibo. El referéndum de 2023, en el que la mayoría de los venezolanos votó a favor de la anexión, ha reforzado la narrativa nacionalista del chavismo, pero también ha exacerbado las tensiones regionales.
En este contexto, no sorprende que Caracas acuse a Guyana de ser un peón de Exxon y de Estados Unidos. Tampoco sorprende que Washington, lejos de apostar por una solución diplomática en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, prefiera reforzar su presencia militar en el Caribe.
Narcotráfico o negocio energético: ¿qué mueve realmente a Washington?
El discurso oficial de Trump insiste en que el despliegue responde al combate del narcotráfico. Sin embargo, la desproporción de la respuesta militar y la ausencia de pruebas sólidas hacen pensar lo contrario. ¿Acaso alguien cree que destruir una lancha en aguas internacionales con un ataque aéreo es una estrategia seria de lucha antidrogas? ¿No sería más lógico bloquear el dinero que financia el narcotráfico, mucho del cual circula por bancos estadounidenses, suizos y británicos?
El paralelismo con Irak es inevitable: primero se construye un relato (armas de destrucción masiva en 2003, narcoterrorismo venezolano en 2025), luego se despliega la maquinaria militar y, finalmente, se asegura el control de recursos estratégicos. La diferencia es que esta vez el recurso en juego no es el petróleo de Oriente Medio, sino las reservas venezolanas y el petróleo offshore de Guyana.
Preguntas incómodas para los ciudadanos estadounidenses
Aquí es donde cabe una reflexión dirigida a los propios ciudadanos de Estados Unidos:
- ¿Son conscientes de que sus tropas están siendo utilizadas para proteger los intereses de ExxonMobil y otras corporaciones, no para defender su seguridad nacional?
- ¿Quién paga la factura de estos despliegues? Porque cada operación militar se traduce en miles de millones de dólares que salen de los bolsillos de los contribuyentes.
- ¿Quién responde por las muertes de los 11 supuestos narcoterroristas asesinados sin juicio en aguas internacionales? ¿O por las que vendrán si el conflicto escala?
La pregunta más incómoda de todas es si Estados Unidos ha convertido a su ejército en un brazo armado de corporaciones privadas. Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué queda entonces de la democracia y del Estado de derecho?
Un ciclo que se repite
Lo que está ocurriendo frente a las costas de Venezuela no es nuevo. Es la repetición de un método que Estados Unidos ha perfeccionado a lo largo de décadas: fabricar un enemigo, justificar una intervención y apropiarse de recursos estratégicos. Irak, Libia, Afganistán y ahora Venezuela. El pretexto cambia —terrorismo, dictadura, narcotráfico—, pero el resultado siempre es el mismo: devastación para los países intervenidos y beneficios para las grandes corporaciones energéticas y financieras.
En tiempos en que las narrativas oficiales se construyen con vídeos manipulados y discursos repetidos, dudar no es solo un derecho, es un deber. Porque detrás de cada mentira geopolítica suele esconderse un barril de petróleo, una veta de oro o una mina de cobre. Y en este caso, detrás de la “guerra contra las drogas” late, una vez más, la vieja guerra por el control del petróleo.
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